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La Compensación por Copia Privada

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El sistema  actual de compensación por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado es objeto de revisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, en el marco de un litigio promovido por las entidades de gestión colectiva de derechos de autor EGEDA, DAMA y VEGAP.

Este tema ya había sido comentado anteriormente cuando analizamos el límite de la copia privada y el sistema de compensación que se introdujo con la última reforma legal, pero ahora vuelve a ser noticia, debido a que han sido publicadas las Conclusiones del Abogado General (C-470/14), cuya lectura recomendamos ampliamente, ya que para dar respuesta a la cuestión planteada analiza en profundidad los fundamentos de la copia privada.

En primer lugar, me gustaría destacar que el Abogado General Sr. Maciej Szpunar considera que el dilema reside en conciliar la protección de la propiedad intelectual con el acceso libre y universal a la cultura, ambos derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. De esta manera se explica que la copia privada, instaurada por el legislador, se concibe como un instrumento para alcanzar el equilibrio entre ambos derechos.

Establecer como punto de partida la cuestión esencial que subyace en este litigio es todo un acierto ya que nos ayuda a entender el problema, analizarlo en profundidad y obtener una visión global del mismo.

Por ello, resulta también muy relevante que el abogado general nos recuerde que la excepción de copia privada es una institución del derecho de autor, que existe desde antes de que se impusiera la obligación de compensar. Incluso, hay que tener presente que como excepción, la gratuidad ha sido admitida en el pasado de forma general y este criterio aún persiste en algunos Estados. Y es sobre esta base que se analizan las dos cuestiones planteadas que básicamente pretenden averiguar si la medida adoptada por el Estado español es conforme con el artículo 5.2 b) de la Directiva 2001/29.

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Concretamente se pregunta: si un sistema de compensación que no sea soportado por los usuarios de copias privadas y que fija el importe de la compensación dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio, es compatible con el derecho comunitario.

Para dar respuesta a la primera cuestión prejudicial se analiza, en primer lugar, el texto de la Directiva 2001/29 con la finalidad de interpretarla. En segundo lugar, se estudia la jurisprudencia del TJUE de asuntos relacionados, y finalmente el funcionamiento del sistema del canon en el contexto tecnológico actual.

El resultado del análisis pone de relieve que la Directiva 2001/29 no contiene normas jurídicas vinculantes que impongan el modo de financiar la compensación en concepto de copia privada, ya que ni tan siquiera impone tal obligación. En realidad, la Directiva faculta a los Estados miembros para que decidan si introducen la excepción de copia privada, pero no se pronuncia sobre la forma, los métodos de cálculo o de financiación de la compensación. Lo único que es importante destacar, es que debe garantizar el justo equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes categorías de titulares de derechos y los de los usuarios.

Tampoco se encuentra en la Jurisprudencia del TJUE ningún argumento que permita sostener la tesis de las demandantes, ya que según ellas, el derecho comunitario exige que sea el usuario que realiza o puede realizar una copie, quién debe financiar la compensación. El análisis efectuado por el abogado general pone de manifiesto que esta interpretación es errónea, porque descontextualiza los pronunciamientos de las Sentencias del Tribunal de Justicia. En la Sentencia Padawan, se excluyó la posibilidad de percibir el canon por copia privada sobre equipos que no pueden servir para realizar copias privadas. Pero no exige que sean los usuarios quienes abonen directamente el canon, ya que en la práctica los deudores eran los fabricantes y vendedores de equipos, que repercutían el canon en el precio final al usuario.

Otro aspecto de su análisis fue revisar el funcionamiento del sistema de canon en el contexto tecnológico actual, llegando a considerar que no es el más adecuado ya que se acerca más a una socialización del riesgo que a una indemnización del derecho civil, puesto que resulta imposible prever el uso efectivo que harán los usuarios de los equipos. Por otro lado, está el tema del reparto de los ingresos obtenidos, que se hace por las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, quienes aplican sus propios parámetros. Además, el sistema de canon no garantiza la coherencia en el mercado interior, porque no todos los Estados miembros contemplan este sistema de compensación y los que lo tienen, no lo han unificado.

Y por último, observa que la financiación de la compensación por copia privada a cargo de los presupuestos generales del Estado ha sido adoptado por otros países: Estonia, Finlandia y Noruega, lo que obliga a analizar este sistema, para responder a la primera cuestión planteada en el sentido de que la Directiva 2001/29 no se opone a esta forma de financiación.

Sin embargo, respecto de la forma de calcular el importe del perjuicio, consideró que un sistema que determina a priori la compensación no es acorde a la Directiva, ya que ésta debe establecerse en base al importe del perjuicio sufrido por los titulares del derecho, estimados según las reglas del derecho interno y no de de forma predeterminada por un límite inferior.

Esperaremos a conocer la decisión del Tribunal, entre tanto, queda el debate abierto para reflexionar sobre la conveniencia de mantener o no la compensación por copia privada.

 

 

Escrito por Carmenchu Buganza.

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