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LOS DISCAPACITADOS EN EL MUNDO LABORAL

Las empresas deben cumplir la Ley de Integración Social de Minusválidos (Lismi), que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a reservar el 2% de los puestos a personas discapacitadas, pero esta Ley sólo la cumplen una de cada tres empresas. ¿Dónde se encuentra la Ley que las penalice? El número de personas discapacitadas representa un 5,3% de la población activa. ¿Dónde se encuentra la tolerancia e igualdad que decimos tener?

Las personas discapacitadas tienen grandes problemas para conseguir un trabajo, desde que las empresas creen que no realizan correctamente su tarea hasta que deben buscar una adecuada. También cabe mencionar las asociaciones que ayudan a estas personas, como por ejemplo la ONCE, que crea bastantes puestos de trabajo.

Para que este problema acabe deberíamos empezar por que la sociedad acepte a las personas tal y como son, con sus ventajas e inconvenientes, y entonces podremos hablar de la igualdad que tanto exigimos.

Encontrar trabajo es difícil, con una discapacidad aún más. Y aunque se han puesto en marcha leyes para apoyar el colectivo, en muchas ocasiones no cumplen su función.

Un problema que afecta no sólo al entorno más próximo de este colectivo, sino también a la sociedad en su conjunto, que debe exigir una gestión ética y eficiente del dinero público destinado a integrar a las personas con discapacidad.

La falta de inspecciones puntuales por parte de la Administración Pública y los vacíos en la Ley General de Discapacidad alimentan el desconocimiento que tienen las empresas sobre la contratación de personas con discapacidad, lo cual deja a gran parte de este colectivo fuera del mercado laboral ordinario.

El Ministerio no lleva la cuenta de cuántas empresas incumplen la ley, pero un estudio de la consultora Leialta afirma que son un 81%; un vacío de datos que deja aún más desamparado el colectivo con discapacidades.

    

Hay Inspecciones insuficientes, en España hay más de 22.000 empresas con más de 50 empleados. Como dato, en 2014, se inspeccionaron 3.343 y 129 fueron sancionadas por algún incumplimiento de la ley de discapacidad, según el informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Las compañías deben comunicar cuántos empleados con discapacidad tienen. Los datos se cruzan con los del SEPE y cuando se detectan incoherencias acude la inspección. España tiene que acercarse al nivel de algunos países europeos como los nórdicos en materia de inspecciones. Estamos muy por debajo.

Por otro lado, están los Centros Especiales de empleo. Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo.

Cada CEE recibe por parte de la Administración el 199% de la cuota empresarial de la Seguridad Social de cada trabajador, el 50% del SMI por trabajador a jornada completa o su parte proporcional en jornada parcial y 12.000 euros por la conversión de un contrato temporal indefinido.

Los CEE son actualmente la principal fuente de trabajo para las personas con discapacidad. De los 95.238 contratos específicos para personas con discapacidad realizados en 2015, 68.613 fueron hechos con un Centro Especial de Empleo. Un aumento de más de 40.000 contratos desde 2006.

Los papeles se han invertido. Hace una década las empresas ordinarias eran la principal fuente de contratos específicos para personas con discapacidad. Hoy, un 73% de las contrataciones se realizan en un CEE, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Con este breve análisis del mercado laboral y su integración de las personas discapacitadas, ¿Podemos considerar que en España se obra correctamente o está en una evolución positiva?

 

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